La seguridad social está consagrada en la Constitución y en varios instrumentos internacionales como un derecho humano fundamental, irrenunciable, inalienable, imprescindible e indispensable para el respeto de la dignidad humana de todas las personas. Permite prestar asistencia médica y garantizar ingresos básicos cuando las personas enfrentan contingencias o riesgos sociales -enfermedades, maternidad, invalidez, vejez, desempleo y muerte-, a fin de elevar o mantener su calidad de vida.
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