Dentro de un sistema privatista, el protesto tenía como finalidad resolver un conflicto de intereses, sin efectuar el mayor esfuerzo respecto a la búsqueda de la verdad. En este sistema tenía prevalencia la resolución del conflicto presentado por las partes ante el juez, y sin aunar más este emitía su decisión con las que se deba por concluido la controversia, sin importar que éste sea un pronunciamiento justo o injusto.
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